Tal como sucedía con el derecho de petición, el hábeas corpus tiene una doble dimensión, es un derecho fundamental y una acción Constitucional (art. 1°, Ley 1095 de 2006) . Ambas dimensiones se desprenden del artículo 30 de la Constitución, el cual declara que "[q]uien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas" (Art. 30, Cons. Pol.).

Ahora bien, dado que la acción de tutela también está para proteger los derechos fundamentales y la libertad es uno de estos ¿cuál es la diferencia entre interponer una acción de tutela y un hábeas corpus? Aquí es donde es importante entender el hábeas corpus como derecho y el hábeas corpus como acción. Si bien las autoridades y los particulares pueden violar el derecho a la libertad de diversas maneras (por ejemplo, cuando una persona es secuestrada), el hábeas corpus solo es procedente cuando las autoridades priven de manera ilegal a una persona. Esto es, cuando se viola alguna de las disposiciones propias de la captura y procesamiento del detenido conforme al Código de Procedimiento Penal y el artículo 28 de la Constitución. De esta manera, habría lugar a una violación al hábeas corpus cuando no se le da debida diligencia a la acción constitucional de la cual aprenderemos hoy.

Si bien la Ley 1095 de 2006 (Por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política) no cierra la puerta para que la persona que crea que está ilegalmente privada de su libertad interponga por sí misma la acción, lo cierto es que las personas privadas de su libertad tienen muchos obstáculos para poder lograr esto. Es por eso que la ley permite que la acción sea interpuesta por terceros en nombre de la persona afectada, sin la necesidad de que existe mandato, o incluso por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación (art. 3.2, 3.5, Ley 1095 de 2006).

Como tal, la acción solo puede invocarse una vez por cada hecho que presuntamente viole el derecho al hábeas corpus (Sentencia C-187/06) y puede ser invocada en cualquier momento mientras la violación persista (art. 3.3, Ley 1095 de 2006).

Son competentes para resolver una solicitud de hábeas corpus todos los jueces y tribunales de la Rama Judicial. Pero cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus integrantes como juez individual para resolver las acciones de hábeas corpus (art. 2°, Ley 1095 de 2006). Es decir, no hay decisiones colegiadas de hábeas corpus.

Esta regla aplica para todos los jueces de la República salvo que se trate de un juez que haya conocido con antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud. En caso de que esto suceda, el juez debe declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias de inmediato al juez siguiente de la misma jerarquía o al juez del municipio más cercano (art. 2°, Ley 1095 de 2006). El juez al que se le traslade debe fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.

La petición debe contener (art. 4°, Ley 1095 de 2006):

• 1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.

  2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria.

  3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad.

  4. Si se conoce el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.

  5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante.

  6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud o decidido sobre la misma (se entiende que se presta este juramento con la sola interposición de la solicitud).

La solicitud puede hacerse de forma oral o escrita, sin necesidad de apoderado y no requiere ninguna formalidad o autenticación. La ausencia de uno de los requisitos no impedirá que se adelante el trámite de la acción si la información que se suministra es suficiente para ello.

Contra el auto que decide la solicitud no procede recurso alguno, como acabamos de ver. Sin embargo, es posible impugnar la decisión que niega el hábeas corpus. Para hacerlo, la impugnación debe presentarse dentro de los tres días siguientes a la decisión, la cual debe ser remitida inmediatamente al superior jerárquico dentro de las siguientes 24 horas a la interposición, quien debe dictar su decisión máximo tres días después (art. 7°, Ley 1095 de 2006).

Ahora bien, si el superior es un tribunal colegiado (más un juez) el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva (art. 7°, Ley 1095 de 2006). Para esto, se entiende que cada uno de los integrantes de la Corporación es juez individual para resolver las impugnaciones (art. 7°, Ley 1095 de 2006).

Como es evidente, esta acción constitucional está estrechamente vinculada con el derecho penal. Además de las conexiones vistas hasta aquí es importante resaltar una adicional. Se trata de un tipo Desconocimiento del Hábeas Corpus cuyo sujeto activo determinado o propio es el juez que no tramite o no decida dentro de los términos legales una petición de hábeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación. El juez que incurra en esta conducta puede recibir de 32 a 90 meses de prisión y pierde el cargo (art. 177, Código Penal).